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‘Caso Villarejo-BBVA’: El juez imputa al ex consejero delegado Ángel Cano y los jefes de seguridad Corrochano y Díaz



Ocho directivos del BBVA —cinco de ellos empleados actuales del banco— declararán los próximos 4 y 5 de julio como imputados por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos en una pieza separada del conocido como caso Villarejo, que se investiga en la Audiencia Nacional. Entre ellos están el exconsejero delegado Ángel Cano (ocupó el cargo entre 2009 y 2015); Julio Corrochano, quien fuera jefe de seguridad del BBVA durante la etapa de Francisco González al frente del banco, y la actual responsable de seguridad, Inés Díaz Ochagavía, que antes de llevar las riendas del departamento fue la número dos de Corrochano.
Corrochano, que antes de ser el máximo responsable de la seguridad de la entidad fue jefe Superior de Policía de Madrid y comisario general de Policía Judicial, fue presuntamente el encargado de contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo para realizar diversos trabajos para el BBVA, según han revelado grabaciones incorporadas a la causa, que instruye el juez Manuel García-Castellón. El montante total supuestamente entregado a Cenyt, una de las empresas del policía jubilado, se estima en más de 10 millones entre 2004 y 2018. Entre esos trabajos, se investiga si los servicios de Villarejo incluyeron escuchas ilegales a empresarios, políticos y periodistas.
El magistrado, además de a Cano, Corrochano y Díaz, también ha citado a declarar como imputados dentro de la pieza separada número 9 del sumario —que permanece secreta y en la que se investigan las presuntas irregularidades de los trabajos del comisario ahora encarcelado para el BBVA— a Ignacio Pérez Caballero Martínez, director de Banca Comercial; Javier Malagón Navas, que fue director general de Finanzas e interventor general del banco; Antonio J. Béjar González, que fue director general de la división inmobiliaria del banco y actualmente es el consejero delegado de Distrito Castellana Norte (el proyecto de la Operación Chamartín); Ricardo Gómez Barrero, director de contabilidad y relación con los supervisores, y Nazario Campo Campuzano, parte del equipo de seguridad del banco. Se trata de personas que están “en la cadena de mando” de la entidad, detallan fuentes judiciales.
Además, el juez llama a declarar al abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo y ya imputado en la causa. García-Castellón interrogará después al propio comisario. Lo hará el 10 de julio y para ello se desplazará con dos fiscales Anticorrupción a la cárcel de Estremera (Madrid), donde está recluido Villarejo desde su detención en noviembre de 2017. El juez tomó esta decisión ante los problemas de salud del policía.
Diversas informaciones publicadas en los últimos meses señalan que el banco supuestamente contrató entre diciembre de 2004 y febrero de 2005 a Villarejo para sabotear la operación financiera de Sacyr que amenazaba con arrebatar el control del BBVA a Francisco González. Solo por esos trabajos, el comisario, que entonces estaba en activo, cobró más de medio millón de euros. Entre las labores que realizó estuvo el supuesto espionaje de las comunicaciones de los principales protagonistas de aquel episodio. Villarejo supuestamente también cobró del banco para gestionar la crisis con Ausbanc.
El comisario presumía en sus informes de que durante esos tres meses llegó a monitorizar 15.000 llamadas de teléfono de personas a las que él consideraba integradas en el “Grupo Hostil”, que era como Villarejo se refería en estos documentos a los que participaban de algún modo en la maniobra para hacerse con el control del BBVA. Durante ese tiempo, el contacto dentro de la entidad del policía fue supuestamente Corrochano, con el que había coincidido durante el periodo en el que este último había sido alto mando de la Policía Nacional. En una conversación de enero de 2005, se escucha, al ahora imputado Corrochano explicar a Villarejo las supuestas exigencias de Francisco González: “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”.
Investigación interna El BBVA abrió una investigación interna para determinar si se realizaron prácticas ilegales, que aún no se ha cerrado. Los encargados de las pesquisas son un centenar de especialistas de la firma PwC, además de abogados de Uría y Garrigues. Francisco González dejó “temporalmente” sus cargos como presidente de honor del BBVA y de la Fundación en marzo pasado tras saltar el escándalo. A la pregunta de si el banco tomará medidas disciplinarias o de otro tipo tras la imputación de cinco de sus directivos, la entidad respondió: “No vamos a prejuzgar y la entidad actuará, en su caso, siempre en base a hechos contrastados y con la información suficiente”.
En paralelo a la investigación interna de la entidad, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción indagan en los presuntos manejos de Villarejo con el BBVA. La Audiencia ha admitido la personación y las querellas de algunos de los supuestamente espiados, como el exministro Miguel Sebastián (en el momento de las escuchas, jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno de Zapatero); el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas; Luis del Rivero, expresidente de Sacyr; el exdirectivo de esta empresa Vicente Benedito y el exvicepresidente del BBVA José Domingo Ampuero.