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El Supremo aboca a Rodrigo Rato a ir a prisión por las tarjetas black



El Tribunal Supremo ha situado este miércoles a Rodrigo Rato a las puertas de la cárcel. El alto tribunal ha mantenido la pena de cuatro años y medio de prisión que impuso la Audiencia Nacional al expresidente de Bankia por un delito continuado de apropiación indebida por el caso de las tarjetas black. Las penas para el resto de los 63 condenados oscilan entre cuatro meses y cuatro años, en función del dinero gastado. Los responsables de la entidad y los beneficiarios de la tarjeta, concluye el Supremo, dispusieron "a su antojo" del dinero de la caja para gastos personales "sin control de ninguna clase y sin reflejo fiscal". La condena ya firme impuesta a Rato implica, en principio, su ingreso en prisión en los próximos días, aunque es la Audiencia la que tiene que ejecutar el fallo.
Rodrigo Rato, el hombre que simbolizó el éxito de la España que emergía a finales de los noventa para competir con las grandes potencias del mundo; que a punto estuvo de suceder a José María Aznar para aspirar a la presidencia del Gobierno y al que se le acabó quedando pequeño la economía nacional tras alcanzar la cúpula del Fondo Monetario Internacional; el hombre que se convirtió en banquero para supuestamente sacar a flote a Caja Madrid en plena recesión, está ahora a un paso de la cárcel.
El Tribunal Supremo ha mantenido la condena de cuatro años y medio que le impuso a Rato la Audiencia Nacional por las tarjetas black, lo que aboca al expresidente de Bankia a ingresar en prisión, salvo que se concedan una serie de medidas excepcionales que pasan por un indulto o porque el Tribunal Constitucional considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Rato tiene además pendiente otras causas que complican su futuro judicial. A partir del 26 de noviembre tendrá que afrontar el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, mientras un juzgado de Madrid le investiga a él y a miembros de su entorno por blanqueo de capitales y delitos fiscales.
El alto tribunal avaló el relato que la Audiencia Nacional hizo del sistema de tarjetas de crédito opacas al fisco que funcionó en Caja Madrid y Bankia entre 2003 y 2012. Las black, según el Supremo, fueron fruto de un “plan para disponer de dinero de la caja” en beneficio propio de los máximos responsables de la entidad (primero el fallecido Miguel Blesa y luego, el exvicepresidente y exministro de Economía del PP con Aznar) y de los otros 63 exdirectivos y exconsejeros condenados. Entre todos gastaron 12,5 millones de euros. Había cargos en las tarjetas de restaurantes, supermercados, ropa interior femenina y salas de fiesta. También retiradas en metálico en cajeros.
El Supremo ha impuesto a otros 14 exdirectivos o exconsejeros condenas superiores a los dos años de cárcel, por lo que, previsiblemente, tendrán que entrar en prisión. Para el resto, con penas de entre tres meses y dos años, la Audiencia Nacional (que juzgó el caso y tiene que ejecutar la sentencia del Supremo) puede suspender el encarcelamiento, aunque decidirá caso por caso.
El tribunal ha tardado cuatro meses en revisar los recursos presentados contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional. La condena más elevada (seis años de cárcel) recayó entonces en el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, Miguel Blesa, fallecido en julio de 2017. Tras su muerte, el Supremo determinó que, aunque la responsabilidad penal quedaba extinguida, a sus herederos se les podía pedir que se hicieran cargo de la responsabilidad civil. El alto tribunal ha considerado responsables civiles a los dos expresidentes de la entidad, Blesa y Rato. El dinero que no devuelvan los consejeros y directivos condenados, sería responsabilidad de ellos, hasta completar los más de 12,5 millones de euros gastados con las tarjetas. Sin embargo, fuentes del entorno de Blesa confirman que sus herederas (su viuda y su hija) han renunciado a la herencia, lo que les exime del pago. El dinero recuperado irá a Bankia, heredera de Caja Madrid, y no al FROB, organismo público que rescató a la entidad en 2012.
El acusado al que más ha beneficiado la sentencia del Supremo es el ex director general de Medios, Idelfonso Sánchez Barcoj. La Audiencia Nacional le impuso una pena de dos años y medio de cárcel y el alto tribunal se la ha rebajado a un año menos un día.
Gastos sin control
El Supremo recuerda que fue bajo la etapa de Blesa cuando se creó un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, consejo de administración y comisión de control. Las tarjetas tenían límites de disponibilidad mensuales y anuales a cargo de una cuenta de la Caja. A sus titulares no se les exigía ninguna justificación del gasto y las cantidades no quedaban reflejadas en los contratos con la entidad ni formaban parte de las retribuciones pactadas con los directivos ni de las dietas de los consejeros. Tampoco aparecían en las declaraciones de la renta de ninguno de ellos, ni en las certificaciones de haberes.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, subraya que el delito imputado distingue entre el papel de los presidentes ejecutivos, que pusieron en marcha o mantuvieron este sistema de tarjetas de funcionamiento opaco; y el de los directivos que actuaron como cooperadores necesarios del mismo delito de apropiación indebida. El acuerdo, entre el autor y los cooperadores, explican los jueces, surge de forma natural desde el momento en que el primero decide entregar nuevas tarjetas o mantener las anteriores y los segundos las reciben y deciden utilizarlas en su propio beneficio.
El delito continuado de apropiación indebida no se produce por aceptar la tarjeta sino por cada uso que se hizo de ella. Y, según los jueces, “no es posible aceptar” que los beneficiarios actuaran creyendo “que estaban actuando conforme a la ley al disponer de esa forma del dinero de la entidad”. “Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”, advierte el tribunal.
Rodrigo Rato no creó las tarjetas black, pero las mantuvo cuando llegó a la presidencia de Caja Madrid en 2010 y las trasladó a Bankia. Lo hizo, además, según el Supremo, "conscientemente", sabiendo que era un sistema que desde que se estableció "estaba perverso en su origen y en su traslado a la práctica". La sentencia del alto tribunal coloca a Rato en la cúspide de una trama formada, según los jueces, para que los beneficiarios de la tarjeta pudieran disponer de dinero de la caja sin control alguno.
Cuando llegó a la presidencia de Caja Madrid y decidió mantener las tarjetas opacas entregadas por su antecesor, Miguel Blesa, Rato ya sabía que los directivos y consejeros de la entidad solo podían cobrar su sueldo (quienes lo tuvieran), las dietas y las indemnizaciones. "Como se consideró insuficiente, al criterio interesado de quienes las podían percibir, se decidió prescindir del camino legal, que habría conducido a solicitar un aumento de las cuantías asignadas a tales conceptos", afirman los jueces. En su lugar, los responsables de la entidad optaron por construir un sistema nuevo, "consistente en utilizar el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto". Esta fórmula, añade el Supremo, facultaba a los titulares de las tarjetas a utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, lo cual, estaba fuera de la ley.
Durante su etapa al frente de la entidad (entre 2010 y 2012), se gastaron con estas tarjetas un total de 2,69 millones de euros. El alto tribunal considera que Rato se "aprovechó de su cargo" y actuó sabiendo que "carecía de facultades para disponer de esa forma del patrimonio sobre el que tenía serias obligaciones de cuidado". Los jueces sostienen que, dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el puesto, el exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas. A pesar de ello "mantuvo el sistema, e incluso lo amplió a otras personas", afirman los magistrados.
Rato no solo permitió y extendió el uso de tarjetas opacas, sino que también se asignó una a sí mismo y la utilizó en provecho propio. Lo hizo a pesar de que, según los jueces, debería haberse "sentido advertido de la irregularidad de la situación" por el que fuera consejero delegado Francisco Verdú, cuando este rechazó la tarjeta que se le entregó.
Según el detalle de los gastos que ya recogía la sentencia de la Audiencia Nacional, Rato pagó con su tarjeta black 99.054,59 euros: 3.600 en alcohol, 2.500 en arte, 2.172 en discotecas y clubs o 2.500 en arte.
Barcoj, el gran beneficiado por la reducción de pena
Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de medios de Caja Madrid, ha sido el más beneficiado por la reducción de condena aplicada por el Tribual Supremo a algunos condenados. La Audiencia Nacional le consideró colaborador de la operativa que contribuyó a mermar "el caudal de Caja Madrid" y le impuso la tercera condena más elevada: dos años y medio de cárcel, una pena que le abocaba a ir a prisión si el alto tribunal la hubiera confirmado.
Pero el exdirectivo impugnó el fallo ante el alto tribunal y los magistrados han admitido parte de sus argumentos. El Supremo entiende que debe ser condenado por un único delito continuado de apropiación indebida y no por dos delitos (uno como cooperador necesario y otro como cómplice) por los que le condenó la Audiencia. El tribunal también le aplica la atenuante muy cualificado de reparación del daño tras comprobar que Barcoj consignó en la Audiencia el dinero que gastó con su black: 575.079 euros, la cantidad más alta de todos los usuarios de las tarjetas opacas.
Con estos nuevos criterios, el Supremo ha rebajado la pena del exdirectivo de dos años y seis meses a un año menos un día de prisión. Una reducción que puede librarle de entrar en prisión. De ser la tercera condena más alta, Barcoj es de los que salen mejor parados de la revisión del Supremo.
Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda con el PP, es uno de los personajes más notables de las black, sobre todo por su cargo y la naturaleza del delito, que se ocultó al erario público. Ha sido condenado a tres años y dos meses por gastar 255.373 euros. El Supremo es especialmente duro en la respuesta a sus recursos. Rodríguez-Ponga dice que "cuando recibió la tarjeta no tuvo tiempo de investigar su justificación" y que "siempre se sujetó al contrato".
El alto tribunal dice que "desde que comenzó a utilizar la tarjeta no pudo ignorar que las cantidades de las que disponía no aparecían por parte alguna", en referencia a la declaración de Hacienda. "Nunca se hizo ninguna anotación de lo dispuesto, no tenía que justificar e l gasto y nunca se le exigieron explicaciones. Tal opacidad no podía responder a una forma de retribución organizada dentro de la ley".
Una situación similar sucede con Rafael Spottorno, último jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I. Spottorno cargó 223.900 euros cuando presidía la Fundación Caja Madrid. Dijo que lo hizo porque era parte de su sueldo. Ha sido condenado a dos años. El Supremo dice que lo gastado "no podía considerarse masa salarial" lo que lo convierte en ilícito.
Sindicalistas, Díaz Ferrán y López Madrid, con penas de cárcel
El consejo de administración de Caja Madrid no solo acomodaba políticos; tenía también asientos reservados para sindicatos y patronal, cuyos consejeros participaron del gasto sin control de las tarjetas de crédito opacas tanto como el resto. De Comisiones Obreras destaca el caso de Francisco Baquero, con una de las mayores condenas: tres años y dos meses de cárcel. Gastó 266.400 euros. Rodolfo Benito, también de CC OO, gastó 140.522 euros con la tarjeta black. Ha sido condenado a tres años de cárcel.
Las penas de otros tres miembros de CC OO, Juan José Azcona, Gabriel Moreno y Pedro Bedía, son iguales o inferiores a dos años y no se prevé que entren en prisión. No así Gerardo Díaz Ferrán, consejero nombrado por la patronal CEOE, condenado a dos años de cárcel pero que tiene antecedentes penales (ya cumplió cinco años y seis meses por el caso Marsans).
Había dos consejeros nombrados por la patronal CEIM, Javier López Madrid —actualmente imputado en el caso Púnica— y Arturo Fernández. Han sido condenados a seis meses menos un día. De los nombrados por UGT, Gonzalo Martín Pascual, Rafael Torres y José Ricardo Martínez, solo el primero entraría en prisión por su condena de tres años.