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La fiscalía acusa a doce exdirectivos de banca por complicidad en el mayor fraude económico de Galicia



El fiscal de delitos económicos del área de Vigo ha presentado escrito de acusación contra doce exdirectivos de sucursales bancarias de Vigo (La Caixa, BBVA, Banesto y Banco de Galicia) que al menos entre 2007 y 2011 dieron presuntamente cobertura a la mayor operación de facturas falsas descubierta en Galicia. Esta trama se ha cifrado en 150 millones de euros y fue diseñada por José Manuel Costas, dueño del grupo de empresas de carpintería Las Cinco Jotas y uno de los fugitivos más buscados por Interpol.
Las condenas que solicita el fiscal son de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados por delito continuado de falsedad en documento mercantil con quienes Costas supuestamente convino centenares de operativas fraudulentas por lo que pide la apertura de juicio contra ellos. Después de una larga investigación, la Fiscalía de Vigo estima que hay más bancos y empleados que colaboraron en el entramado por decisión de sus entonces directivos, pero no ha podido acusarles al haber prescrito los delitos.
En las oficinas bancarias investigadas se han documentado cerca de 200 operaciones irregulares de cargos y abonos, ingresos de cheques, pagarés y transferencias de diferentes importes, desde 470 euros a 100.000. De La Caixa el fiscal incide que “se hizo constar inverazmente la intervención de terceras personas de lo que los acusados eran conscientes, sin efectuar ninguna clase de comprobación sobre la veracidad de las firmas que aparecían en los documentos que entregaba José Manuel Costas”. La fiscalía acusa a la antigua directora, Nieves E.C.G., al que ejercía como subdirector e interventor de la entidad Juan Antonio R.O., y a la empleada del puesto de caja, M.S.C.
En otra sucursal del entonces Banco de Galicia, la fiscalía ha presentado cargos contra su antiguo director, Javier V.I., e interventor, Carlos Manuel C.M. por una operativa similar en la que también aparecía como autorizado de las cuentas el dueño de Las Cinco Jotas para realizar “abundantes movimientos de cargos y abonos, como ingresos de cheques, transferencias, traspasos de cuentas y retiradas de efectivo de considerable importe”.
Otra de las oficinas que participaron en la presunta falsificación es del BBVA. Su entonces director Adolfo Manuel L.C. y la empleada Raquel T. R. fueron acusados por el fiscal Juan Horro González. También del banco Banesto están procesadas las que fueran directoras d e la sucursal investigada, Almudena V.P. y Sandra M.A, además de interventora Julia María V.L.
Quedó documentalmente acreditado que el carpintero fugado desde 1916 y condenado en sucesivos juicios por la emisión de facturas falsas junto con las sociedades mercantiles (la mayoría adjudicatarias de obras públicas) que se valieron para ello del grupo Las Cinco Jotas , creó una trama en la que los bancos actuaron como colaboradores necesarios. Costas, “se ocupaba personalmente de las operaciones bancarias y de la emisión de facturas inveraces”, señala el fiscal. Para ello, eran utilizados los nombres de personas físicas que trabajaban para sus empresas y que estaban dados de alta como trabajadores autónomos. Todos ellos, la mayoría rumanos, desconocían que estaban siendo utilizados hasta que uno descubrió que tenía a su nombre varias cuentas bancarias y lo denunció a la Agencia Tributaria en 2009.
Un año antes, el máximo responsable de la falsificación en cadena y administrador de Las Cinco Jotas, fue detenido por la policía cuando salía de una sucursal bancaria con una bolsa con 380.000 euros. Después de declarar en comisaría, José Manuel Costas pudo demostrar que el dinero lo había retirado de dos entidades el mismo día y que formaba parte del método empleado para facturar y cobrar durante años a través de los bancos a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se habían comprometido con el empresario a proporcionarle trabajo.
Pero no sería hasta el 30 de abril de 2009, cuando Hacienda registró las oficinas de la factoría de Las Cinco Jotas y destapó el verdadero alcance de la estafa que se venía perpetrando desde al menos 2005. Simulando ser clientes del grupo, las empresas desgravaban el IVA y reducían el impuesto de sociedades, pagando las facturas a través de varios bancos que luego le devolvían el importe en dinero negro. La causa matriz derivó en 91 procesos contra 200 empresas implicadas de los que la mayoría se resolvieron con la atenuante de confesión y el pago de una multa a Hacienda y ahora pone punto final con el juicio a los doce empleados de la banca.