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El Supremo avala las restricciones del Gobierno a las licencias que usan Uber y Cabify



El Tribunal Supremo ha avalado la imposici贸n por parte del Gobierno de limitaciones a la actividad de las empresas de veh铆culos de alquiler con conductor (VTC) siempre que sean necesarias y proporcionadas para mantener el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de inter茅s general. La Sala III del alto tribunal no considera discriminatorias las principales restricciones impuestas por un real decreto de 2015, como el l铆mite de una sola licencia VTC por cada 30 taxis ni la exigencia a las empresas de alquiler de veh铆culos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios dentro de la comunidad aut贸noma donde se le concedi贸 la autorizaci贸n para operar.
El Supremo s铆 da la raz贸n a la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la plataformas Uber y a la patronal de VTC Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete veh铆culos dedicados a dicha actividad, ya que excluir铆a a los peque帽os empresarios de su ejercicio sin raz贸n de inter茅s general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitaci贸n.
Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el real decreto aprobado el 20 de noviembre de 2015, por el que se modific贸 el Reglamento de la Ley de Ordenaci贸n de los Transportes Terrestres, y que estableci贸 restricciones a la actividad de VTC. En la posici贸n contraria, que respaldaba el decreto, estaban la Administraci贸n del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociaci贸n Espa帽ola de la Econom铆a Digital.
Lo que ha examinado el Supremo es si las limitaciones del Gobierno incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenaci贸n del Transporte Terrestre, la Ley de Garant铆a de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sosten铆an los recurrentes, quienes alegaban que las restricciones no estaban amparadas por una raz贸n e inter茅s general,y eran desproporcionadas y discriminatorias.
Al ser favorable a las tesis del Ejecutivo, la sentencia hace innecesario el blindaje que introdujo el Ministerio de Fomento el pasado mes de abril elevando a decreto ley el l铆mite de los 1/30 que figuraba en el Reglamento de la Ley de Ordenaci贸n del Transporte Terrestre (ROTT), precisamente para evitar que un fallo defavorable del Supremo fuera efectivo contra esa limitaci贸n.
La sentencia tendr谩 efectos sobre la concesi贸n futura de licencias pero no afecta al goteo incensante de licencias que est谩n saliendo al amparo del vac铆o legal que se produjo entre 2009 y 2013 gracias a la Ley Omnib煤s de liberalizaci贸n de la econom铆a aprobada por el Gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero, que elimin贸 cualquier l铆mite para licencias VTC. Se estima que por esa v铆a saldr谩n al mercado otras 10.000 licencias. De hecho, actualmente ya no se cumple ni de lejos ese tope, puesto que operan 7.058 VTC y 64.217 taxistas, es decir, una por cada nueve.
Protecci贸n al taxi
El Supremo cree que el taxi, como transporte p煤blico, tiene que estar protegido y considera que las medidas impuestas son ajustadas para salvaguardar esta protecci贸n. Sobre la limitaci贸n de licencias en relaci贸n del n煤mero de taxis, el Supremo considera que es 聯sin duda聰 una limitaci贸n 聯id贸nea y proporcionada聰, y advierte de que no es f谩cil establecer una proporci贸n alternativa ni, en cualquier caso, le corresponde hacerlo al alto tribunal.
El alto tribunal admite que el Gobierno no ha justificado por qu茅 esa limitaci贸n se ha concretado en un VTC por cada 30 taxis, pero considera que no es discriminatoria, advierte de que las empresas tampoco han planteado una posible alternativa y recuerda que se trata de un l铆mite m谩ximo y que puede ser rebajado por las Administraciones.
La Sala tambi茅n acepta la restricci贸n de que el 80% de los servicios de VTC deban desarrollarse en el 谩mbito territorial de la comunidad aut贸noma donde se le concedi贸 la autorizaci贸n. Esta limitaci贸n, se帽ala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilizaci贸n de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades aut贸nomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporci贸n de una licencia por cada 30 taxis. En cualquier caso, se帽ala que tampoco en este punto la Administraci贸n ni la CNMC han justificado las razones de la proporci贸n elegida (en el caso del Gobierno) o de la que ser铆a adecuada (por los recurrentes).
La 煤nica traba: la flota de siete coches
En cuanto a los requisitos materiales relativos al tama帽o y las prestaciones t茅cnicas que el Gobierno impuso a los veh铆culos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que tambi茅n se exigen medidas an谩logas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos.
El 煤nico punto del real decreto que anula la Sala es la exigencia de una flota m铆nima de siete veh铆culos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitaci贸n a la actividad de VTC que excluye a peque帽os empresarios y que carece de una raz贸n de inter茅s general o de necesidad que la justifique. La sentencia explica que el real decreto impugnado no obliga a tener una flota m铆nima de siete veh铆culos destinados al ejercicio de la actividad de VTC sino que, 聯simplemente, obliga a disponer de uno o m谩s veh铆culos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de alg煤n veh铆culo destinado a la actividad para la que se solicita autorizaci贸n聰. Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha raz贸n de inter茅s general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.