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El Gobierno mantiene en 1.000 millones la reprivatización de las autopistas pese al aumento del tráfico



El Gobierno ha rebajado hasta los 1.800 millones de euros el coste del rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra que está acometiendo este año, según consta en la actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. Esta estimación supone una rebaja del 10% respecto a la de 2.000 millones realizada en el anterior plan, remitido el pasado otoño.
Pero llama más la atención que el Ejecutivo mantenga en el documento enviado este lunes a Bruselas los 1.000 millones de euros que confía en obtener con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, prevista en la segunda mitad de este año.
Esa cifra es la misma que la que contenía el plan remitido anteriormente, pese al fuerte incremento de tráfico que han experimentado las vías rescatadas en 2017, y las previsiones oficiales que apuntan a que continuará esa tendencia en los próximos años. Los mayores ingresos por peajes apuntarían a una revalorización de esos activos que no se ha trasladado al plan remitido a Bruselas.
En efecto, las nueve autopistas de peaje que están en proceso de rescate por el Ministerio de Fomento cerraron 2017 con un aumento medio del tráfico del 8%, que se situó en unos 7.553 vehículos al día, según la estadística de Fomento. El crecimiento de estas vías casi duplica al del 4,6% que se anotó el conjunto de la red de pago del país, de 2.550 kilómetros de longitud.
Las autopistas cuyas concesionarias quebraron, que copan una quinta parte (el 20%) del total, consolidan así la recuperación de tráfico que vienen registrando en los últimos cuatro años.
Además de la recaudación que resulte de la licitación, el Estado prevé ingresar 34,4 millones de euros, que es el beneficio conjunto que se espera que obtengan las vías rescatadas en este año una vez que pasen a titularidad pública través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), y antes de que sean privatizadas de nuevo.
Coste del rescate
El coste que el rescate supone al Estado corresponde al pago de la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Se trata de un concepto recogido en los contratos de concesión para estos supuestos por el que se debe pagar a las empresas actualmente concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción y que aún no habían recuperado mediante el cobro de peaje.
El Ejecutivo rebaja esta factura en tanto la patronal de las grandes constructoras y concesionarias y los fondos acreedores de las autopistas calculan que esa RPA asciende a entre 4.000 y 4.500 millones de euros, por lo que es previsible que el asunto acabe en los tribunales.
El Gobierno debe calcular y pagar la RPA de cada una de las nueve autopistas en los seis meses posteriores a la resolución de cada uno de sus actuales contratos de concesión.En tanto trabaja en rescindir estos contratos, el Ejecutivo está asumiendo las vías con el fin de que se mantengan en servicio para los usuarios.
Desde el pasado mes de febrero, el Ministerio de Fomento, a través de Seittsa, ya se ha hecho con seis de estas vías. De las tres que quedan por rescatar, el departamento que dirige Íñigo de la Serna tomará otras dos radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el próximo 10 de mayo, y la AP-41 Madrid-Toledo cuando el juez dicte su liquidación.
El próximo paso del plan diseñado por Fomento será sacarlas de nuevo a concurso el próximo mes de junio. Las vías se licitará en dos lotes, uno con todas las ubicadas en Madrid y alrededores, y el otro con las dos de Levante (la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera).
Estas nueve infraestructuras suponen casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red de autopistas de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y suman deuda de 3.200 millones.