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Todos los aeropuertos españoles tendrán que vender botellas de agua a 1 euro



Aena ha tomado nota de una de las quejas más recurrentes de sus pasajeros: el precio abusivo del agua. El gestor aeroportuario va a obligar a todas las tiendas de conveniencia y máquinas expendedoras que se alojan en los espacios comerciales de todos los aeropuertos españoles a disponer de botellas de agua pequeñas al precio máximo de un euro, informaron a EL PAÍS en fuentes de la sociedad aeroportuaria.
Esta exigencia ya se ha incorporado en las bases de los nuevos concursos para adjudicar los espacios comerciales, y es obligatoria para las tiendas de conveniencia, donde se pueden adquirir otros artículos como prensa o recuerdos, que deberán disponer en sus anaqueles y neveras de botellas de 33 centilitros a un euro. Además, en los concursos de máquinas expendedoras de alimentos y bebidas se impone ese mismo requisito , pero en este caso las botellas tienen que ser de medio litro (50 cl), que costarán también un euro.
Actualmente, los contratos en los que ya está en vigor esta condición abarcan a 19 locales en siete aeropuertos (Madrid-Barajas, Palma de Mallorca, Bilbao, Tenerife Sur, Santiago, Vigo y Girona-Costa Brava). Y están en licitación otros 16 locales en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Alicante-Elche, Valencia, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol.
Asimismo, ya disponen de botellas de 50 cl a un euro 134 máquinas de expendedoras de seis aeropuertos (Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, León, Vitoria y Salamanca). Y en los nuevos concursos de máquinas para el resto de aeropuertos se incorpora la obligación de que, al menos, el 50% de la oferta de agua en cada máquina tenga el formato de botellas de 50 centilitros a 1 euro, según las mismas fuentes.
Las tiendas tendrán que tener botellas de 33cl y las máquinas de 50cl, todas a un euro
Recomendación internacional
El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, en sus siglas en inglés), la asociación de aeropuertos a nivel mundial a la que pertenece Aena, emitió una recomendación en junio de 2015 para que los gestores se aseguraran de que existiera una oferta suficiente en los aeródromos de botellas de agua a un precio máximo de un euro.
También ha intervenido en el asunto el Defensor del Pueblo, que abrió una investigación tras ras recibir numerosas quejas relacionadas con los excesivos precios de algunos productos básicos, sobre todo el agua, en los aeropuertos españoles. Precisamente, la memoria del organismo del año pasado recoge el compromiso de Aena de poner un precio máximo por botella de 1,60 euros. Pero el gestor aeroportuario ha ido más allá de esa promesa al Defensor del Pueblo, y ha adoptado la recomendación de la ACI, rebajando el precio a un euro.
Anea también ha respondido a la solicitud de los usuarios de que haya más fuentes de agua gratuita en los aeropuertos, y está estudiando implantar más. En la actualidad, hay 193 máquinas de agua en su red de aeropuertos, de las que 41 están en las zonas comunes y las 152 restantes en la zona de embarque de los pasajeros que cuentan con billete.
Pero Aena también está embarcada en proyectos mayores. La sociedad, participada en un 51% por el Estado, está interesada en participar en la privatización de los aeropuertos japoneses. En concreto, el gestor aeroportuario estudia presentarse junto a socios locales a la subasta.
de siete aeródromos de la isla de Hokkaido, al norte del país, informaron a EL PAÍS en fuentes del gestor aeroportuario.
Entre los aeropuertos que van a salir a subasta se encuentra el aeropuerto de Chitose el quinto más grande de Japón, y los de Asahikawa, Wakkanai, Kushiro, Hakodate, Obihiro y Memanbetsu. El concurso prevé la concesión de todo el bloque por un periodo de 30 años con una prórroga opcional de otros cinco años. Directivos de Aena se desplazaron al país asiático para conocer de primera mano la situación de estos aeródromos y reunirse con las autoridades locales y regionales de quien dependen.
El interés por este concurso forma parte del plan de relanzamiento de la internacionalización del gestor aeroportuario con el objetivo de diversificar sus ingresos, ya que el 94% de los mismos provienen de los aeropuertos nacionales. En esa nueva salida al exterior, la compañía que preside Jaime García Legaz quiere cambiar la estrategia de sus antecesores de forma que la presencia de Aena se haga a través de una participación minoritaria en sociedades, en las que participarían socios locales y fondos de inversión. Así se limitaría el riesgo del gestor, cuyo principal accionista es el Estado, con el 51% del capital. Otros países en los que se ha fijado el gestor para su expansión son Cuba, Estados Unidos, y Colombia.
Actualmente, la compañía tiene presencia en México, a través de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Colombia y en el aeropuerto de Luton (Londres), donde posee el 51%, por lo que es el único negocio que se consolida, y debe decidir ahora si amplía su participación al 100%.
En la nueva etapa bajo García Legaz, Aena no está presionada por la deuda, tiene una generación abultada de caja y el horizonte de inversiones tampoco es elevado. “Se han invertido 12.000 millones de euros en muy poco tiempo y ya no se necesitan inversiones multimillonarias, aunque se seguirán abordando las necesarias en aeropuertos como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma“, señalan las mismas fuentes.
La relación tanto con el Gobierno como con el resto de accionistas también es más apacible que en la época de José Manuel Vargas. Los nuevos gestores aceptan el escenario de tarifas establecida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) por el Consejo de Ministros, aunque recalcan que están un 40% por debajo de la media europea y, sobre todo, la contradicción de que pese a que las tasas cayeron un 2,25% en 2017, las aerolíneas subieron los billetes un 3,4% de media.
El único punto de fricción es el sueldo de los directivos, muy por debajo de la media del sector, lo que se ha traducido en una fuga de altos cargos a la competencia. Para frenar esa sangría, van a negociar con el Ministerio de Hacienda una subida de salarios para los altos cargos, con la excepción del presidente, que mantendrá el sueldo actual.