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Hacienda apercibe a 660 alcaldes por incumplir los planes de ajuste



El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 660 alcaldes por incumplir los planes de ajuste que habían comprometido a cambio de los fondos de liquidez facilitados por el Estado central. Les exige nuevos ajustes. Hacienda ha inyectado cerca de 19.000 millones a las entidades locales desde 2012 para aliviarles las tensiones de liquidez. Para garantizar que devolverían el dinero, exigió ajustes a los alcaldes, que tenían libertad para decidir las medidas. Algunos regidores apostaron por subir el IBI o eliminar deducciones en impuestos locales; otros decidieron recortar gastos. Muchas de estas medidas nunca se aplicaron.
Hacienda reclama por carta a los 660 alcaldes con un plan de ajuste que no han puesto en marcha que aprueben las medidas necesarias para cumplir sus compromisos. Estos programas de ajuste, explica la misiva de cuatro folios enviada por el ministerio, fueron convalidados por los plenos municipales. Era una condición para tener acceso a liquidez que ofrecía Hacienda. Pero los alcaldes que han recibido la carta firmada por la secretaria general de Administraciones Territoriales, Belén Navarro, no han cumplido sus compromisos. Hacienda les amenaza ahora con un control adicional de la Intervención del Estado e, incluso, con aplicarles las medidas más duras de la Ley de Estabilidad, que incluye la disolución de la corporación local.
Entre los municipios afectados, 660 de casi 8.200 entidades locales de Espa√Īa, hay Ayuntamientos de todos los tama√Īos. Los m√°s importantes son: Algeciras, C√°diz, Chiclana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Mar√≠a, San Fernando, Granada, Huelva, Ja√©n, V√©lez-M√°laga, Palma de Mallorca, Telde, San Crist√≥bal de La Laguna, √Āvila, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Tarragona, M√©rida, Alcal√° de Henares, Alcorc√≥n, M√≥stoles, Parla, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebasti√°n de los Reyes, Torrej√≥n de Ardoz, Lorca, Orihuela, Gandia y Valencia.
El Gobierno lanz√≥ en 2012 el plan de pago a proveedores, una l√≠nea de cr√©dito con condiciones muy favorables, para que Comunidades y Ayuntamientos pudieran liquidar las facturas que ten√≠an en los cajones. Desde entonces, ha abierto cada a√Īo unas l√≠neas de financiaci√≥n para ayudar a los Consistorios con problemas de liquidez. Se trata de un mecanismo similar al Fondo de Liquidez Auton√≥mica (FLA). En los √ļltimos cinco a√Īos, el ministerio ha inyectado casi 19.000 millones de euros a las arcas locales por esta v√≠a.
Subir el IBI o bajar el gasto Para garantizar que los alcaldes devolvieran el dinero cuando los pr√©stamos vayan venciendo, el ministerio les exigi√≥ un programa de saneamiento. Ante el retraso de las corporaciones municipales para poner en marcha las medidas comprometidas en estos planes, Hacienda ha enviado esas cartas a 660 alcaldes advirtiendo de que ¬ďel incumplimiento del plan de ajuste conllevar√° la aplicaci√≥n de las medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad¬Ē.
Los art√≠culos 25 y 26 de esta norma, aprobada para combatir los n√ļmeros rojos de las Administraciones P√ļblicas, establecen que las administraciones incumplidoras tendr√°n que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de cr√©ditos ¬óun tr√°mite que consiste b√°sicamente en recortar el gasto presupuestado¬ó para garantizar que se cumple el plan financiero. Hacienda, adem√°s, puede retener ingresos a los Ayuntamientos y, en caso de incumplimiento reiterado, sancionarles con un dep√≥sito equivalente al 0,2% del PIB municipal, y en √ļltima instancia puede intervenir la corporaci√≥n municipal y disolverla.
¬ďCon el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, las entidades locales que las hayan concertado podr√°n ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervenci√≥n General del Estado (IGAE)¬Ē, se√Īala la misiva a modo de advertencia.
La situación, en cualquier caso, no ha llegado a ese punto de gravedad. La gran mayoría de Ayuntamientos a los que se les ha apercibido, 526 corporaciones, tiene problemas para reducir el periodo de pago a proveedores al límite legal. Es decir, incumplen la ley de morosidad que establece que no deben tardar más de 30 días en abonar las facturas. Este plazo empieza a contar 30 días después de recibir la factura, es decir, que tardan de media más de 60 días en pagar.
Hacienda explica que los alcaldes podrán corregir sus planes de ajuste con las medidas que decidan en sus plenos municipales. Algunos Consistorios, por ejemplo, habían acordado subir el IBI con una revisión catastral equivalente al 50% del precio de mercado. Otras ciudades tendrán que eliminar algunas de las bonificaciones y exenciones de sus impuestos locales. Y otras deberán reducir algunos de sus gastos.
El ministerio explica en la carta que ¬ďrealizar√° el seguimiento de los planes de ajuste y que en caso de que detecte riesgos de incumplimiento o incumplimientos de las medidas, propondr√° su modificaci√≥n con la adopci√≥n de nuevas medidas o la alteraci√≥n del calendario de ejecuci√≥n¬Ē. Estos programas de ajuste financiero son diferentes a los que exige Montoro a las administraciones que incumplen los objetivos de d√©ficit o deuda, recuerdan en Hacienda.