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Italia destinará hasta 17.000 millones de euros para rescatar dos bancos



El Gobierno italiano celebró este domingo un consejo de ministros de urgencia para aprobar el decreto que dará luz verde a la liquidación de los bancos Popolare di Vicenza y Veneto Banca. Intesa Sanpaolo absorberá ambas entidades, pero el coste de la operación — unos 5.000 millones de euros iniciales con un margen de hasta 17.000 millones— repercutirá en los contribuyentes. Una intervención opuesta a la utilizada para el Banco Popular en España, que ha levantado ya las críticas de oposición y asociaciones de consumidores. Una jugada que puede tener consecuencias políticas para el Gobierno y las futuras aspiraciones de Matteo Renzi.
La Junta Única de Resolución europea ordenó el viernes por la noche liquidar ambas entidades después de que el Banco Central Europeo (BCE) declarase que son inviables o están en camino de serlo. La única oferta era la del banco Intesa Sanpaolo, que aceptaba hacerse cargo de ambos bancos a cambio de un precio simbólico de un euro y unas rígidas condiciones de financiación pública que incluyen la ampliación del fondo de prejubilaciones por un valor de unos 1.200 millones para reestructurar las plantillas de las tres entidades.
De momento, los únicos perjudicados serán los contribuyentes italianos. Porque Intesa Sanpaolo solo se quedará con los activos sanos de las dos entidades fallidas, es decir, unos 20.000 millones de euros en créditos. El resto pasará a formar parte de un banco malo y el Estado deberá financiar con unos 5.200 millones de euros iniciales el rescate como anticipo de caja para Intesa. Sin embargo, tal y como reconoció el ministro de Finanzas, Pier Carlo Padoan, el fondo de garantía disponible llegará hasta los 17.000 millones, una cantidad que los expertos no tienen duda de que terminará alcanzándose cuando comiencen las reclamaciones de los obligacionistas subordinados y se descubra el alcance real del agujero de ambas entidades.
La medida, criticada ya por la oposición y diametralmente opuesta a la utilizada en España con el Popular, fue defendida por el primer ministro, Paolo Gentiloni nada más terminar la reunión. “Esta crisis ha alcanzado niveles que han hecho necesaria esta intervención”. Según el premieritaliano, se ha hecho para evitar una quiebra desordenada. “Era una decisión importante, urgente y necesaria”, insistió. Además, destacó que de este modo se protegerá a los titulares de depósitos y los poseedores de obligaciones sénior.
El pánico a un posible contagio era evidente e Italia ha decidido pagar. Hay líquido destinado a ello y el déficit es relativamente bajo. Pero las consecuencias políticas, con unas decisivas elecciones generales en pocos meses, pueden ser negativas para el partido que gobierna (PD) y su próximo candidato, Matteo Renzi.
El decreto, que se publicó el domingo en el boletín oficial para que las oficinas puedan abrir este lunes, llega después de un complejo proceso de negociación entre Roma, Intesa Sanpaolo y la autoridad europea. La liquidación incluye un plan de reestructuración de la plantilla en los próximos años, que comportaría unos 4.000 despidos y prejubilaciones. Bankitalia deberá ahora nombrar a dos comisarios que tutelen el proceso hasta que Intesa Sanpaolo se haga con el control de las entidades.
La operación obligará a cerrar en torno a 600 sucursales (de las más de 6.000 que sumarán la red de los dos bancos quebrados más las de Intesa) y a una reducción de hasta 4.000 empleos, del total de más de 100.000 que pasa a tener la nueva entidad.
A última hora, la Comisión europea emitió un comunicado en el que dio su visto bueno a “las medidas italianas para facilitar la liquidación” de los dos bancos, “después de un largo periodo de serias dificultades financieras”. La comisaria de Competencia, Margrehe Vestager, añadía que “Italia apoyará la venta de algunas actividades y la transferencia de empleados a Intesa Sanpaolo. Los accionistas y los bonistas junior contribuyen, reduciendo los costes del Estado italiano, mientras que los depositantes quedan protegidos”. Daba así respuesta a las dudas del economista Mario Seminerio, muy crítico con la medida. “Intesa paga un euro por hacerse con los dos bancos y, ni siquiera, realiza ampliación de capital como hizo el Santander. Esperamos que Bruselas lo revise porque, ¿cómo explicarán que esos 5.000 millones no son una ayuda de estado?”, había dicho.
Padoan, visiblemente molesto por las críticas, defendió la medida y su encaje en las normas europeas. “El Gobierno ha utilizado las reglas aprovechando todos los márgenes”. Según el ministro, la intervención no tendrá impacto sobre el endeudamiento estatal y era la única opción viable. “Ante las críticas, me gustaría que alguien me diera una alternativa mejor. La única era la liquidación desordenada, un despiece que habría destruido la capacidad operativa de los bancos. De este modo, ambas entidades, cruciales para las finanzas de las zonas donde operan, podrán seguir funcionando”. La cuestión es a qué precio.