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El Gobierno, sin apoyo para convalidar el decreto de los estibadores



El Gobierno se ha quedado solo en el debate para convalidar en el pleno del Congreso el real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores y que aprobó el el consejo de ministros del 24 de febrero. El Ejecutivo sufre en el Congreso un triple varapalo: parlamentario, económico y europeo. Destaca el coste parlamentario, porque nunca desde 1979 —y salvo un error que se solventó inmediatamente en 2009—, un Gobierno no había podido reunir la mayoría simple necesaria para convalidar un decreto. El Ejecutivo da muestra de debilidad política al no haber podido sumar apoyos a la norma, porque finalmente solo ha tenido la abstención de Ciudadanos y el voto a favor del PNV, frente al resto de la Cámara para dibujar la sonora derrota parlamentaria. La votación anticipa las dificultades de Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos y avanzar en la legislatura.
Con el decreto ley del Gobierno, de solo cuatro artículos, se rompieron los monopolios con los que todavía opera el sector de la estiba: se liberalizó el establecimiento de las empresas en los puertos y la contratación de trabajadores. Las compañías que quisieran operar, no tendrían que participar de una Sagep (la sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios que ahora tiene el control) ni contratar obligatoriamente a sus estibadores con determinadas condiciones laborales.
El decreto ahora queda derogado y el conflicto laboral seguirá abierto una vez que los sindicatos de estibadores han rechazado todas las ofertas de la patronal y del Gobierno. El varapalo económico y laboral deja al Ejecutivo inerme ante las exigencias de los trabajadores del sector, que piden que se mantenga un sistema de listas cerradas para acceder a los puestos de estibador. Mañana mismo debía producirse una huelga en los puertos, aunque dependía de si el decreto salía o no adelante. La derrota parlamentaria lanza mensajes de debilidad sobre el margen de maniobra del Ejecutivo en esa negociación y en futuros conflictos.
Además, según ha explicado desde la tribuna el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el decreto ley es consecuencia de una sentencia europea que ha acumulado una multa a España de 27.500 euros al día desde la resolución de la justicia europea en 2014 hasta hoy, acumulando una deuda de 23 millones de euros. A partir de ahora la multa será ya de 134.000 euros al día, siempre según su versión. Ese dinero todavía no ha tenido que desembolsarse, pero es cierto que la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, advirtió de que España debería hacer frente a la sanción si no lograba una regulación que se adaptara al mandato comunitario. Y, como le han hecho ver varios portavoces durante el debate, el Gobierno de la mayoría absoluta y la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor, no solucionaron el problema desde 2014.
Derrota ante Bruselas
La derrota hacia Europa se refiere al hecho de que la Unión Europea había bendecido el texto del decreto y ahora España queda en situación difícil ante las autoridades comunitarias al no poder cumplir sus exigencias. Rajoy exhibe ante Bruselas una estabilidad que ahora queda cuestionada.
El Ejecutivo buscó el acuerdo con Ciudadanos y con el PNV, aunque los votos de estos partidos junto a los del PP, tampoco eran suficientes. Quiso completarlos con abstenciones de diputados de otros grupos como el PDeCAT, pero tampoco lo logró. Desde el inicio, el PSOE se mantuvo en el no, por más presiones que hizo el Gobierno.
Incluso, el miércoles hubo un estrambote con el intento del Gobierno de aprovechar la ausencia de tres diputadas de los grupos que rechazaban el decreto que estaban en viaje oficial en Nueva York, que tuvieron que volver precipitadamente y que, finalmente, han estado presentes en la votación.
Ciudadanos anunció solemnemente el miércoles que votaría a favor y su apoyo junto al del PNV hubiera sido suficiente con la ausencia de las tres diputadas. Pero el partido de Albert Rivera rectificó con la misma solemnidad justo antes del debate hacia la abstención al conocer la imposibilidad de sacar adelante la votación, abandonando así al Gobierno cuando pasaba su peor trago parlamentario.
"No se me ha dicho ningún punto que haya que cambiar, no se ha entrado en el fondo o contenido de este decreto y se han tenido en cuenta otras circunstancias", ha señalado el ministro. De la Serna ha expuesto en la tribuna compromisos pactados con el PNV para lograr su apoyo, aunque sea insuficiente.
El ministro ha culpado al PSOE del mantenimiento del conflicto laboral de los estibadores por haber insistido desde el principio en que no apoyaría el decreto cuya retirada se pide en la huelga. Y ha advertido de las graves consecuencias de que las grandes empresas abandonen puertos españoles si se mantiene el monopolio.
Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, y apoyo de Rajoy en su investidura, ha arremetido significativamente contra el Gobierno, acusándole de "falsedad" y criticando duramente al Ejecutivo por la gestión del decreto que ella ha rechazado con su voto.
César Ramos, en nombre del PSOE, ha exigido un pacto previo con los trabajadores, antes de aprobar un decreto. "Señor ministro, siéntese mañana a negociar y que no haya paros de los sindicatos para, en un tiempo razonable, buscar un acuerdo", ha concluido.
"El no va a ganar porque la multa la van a pagar los españoles y no los causantes con su salario. Han dado un sopapo al Gobierno en el rostro de los españoles", según Miguel Barrachina, diputado del PP, que ha lamentado la "falta de altura del Parlamento". Según sus cálculos, la multa supondría la contratación de mil médicos y el decreto solo cumple la condena de Europa y, por eso, es de obligado cumplimiento.