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La justicia frena el plan de Empleo que usa agencias privadas para recolocar parados



La colaboración con agencias privadas para recolocar parados encuentra un obstáculo tras otro. Esta vez el servicio público de empleo vasco ha conseguido tumbar en su territorio el concurso de agencias de colocación que el Ministerio de Empleo adjudicó en 2015. Una sentencia del contencioso-administrativo anula exclusivamente en el País Vasco la contratación de estas agencias debido a la invasión de competencias. El fallo permite que Cataluña y Andalucía recurran el concurso. Y otras comunidades están valorando el dictamen para sumarse. Una vez más, la implantación de este sistema se complica.
El Ministerio de Empleo realizó en 2015 un concurso para contratar empresas privadas de recolocación de parados en todo el territorio nacional. Aunque el empleo es una competencia autonómica, el Ministerio que encabeza Fátima Báñez lo justificó en la necesidad de promover la movilidad de los parados entre regiones. El importe del concurso ascendía en su conjunto a los 41 millones de euros en dos años, y las empresas ganadoras fueron cuatro grandes del sector: Adecco, Manpower, Eulen y una entidad dependiente de los salesianos.
Sin embargo, esta convocatoria del Estado central irritó al servicio público de empleo vasco, Lanbide. El Gobierno Vasco interpretó que se estaban invadiendo sus competencias y enseguida recurrió el concurso ante el Juzgado central de lo contencioso-administrativo. Como medida cautelar, este órgano detuvo el proceso en el País Vasco. Y ahora ha remitido a las partes su sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. En ella se estima la demanda de Lanbide y se declara nula la contratación de estas empresas en territorio vasco. El Ministerio argumentaba que ponía el dinero y que trataba de fomentar la movilidad geográfica de los parados. Sin embargo, se ha impuesto la doctrina que esgrimía la comunidad vasca de que era una invasión directa de sus competencias.
El Ministerio de Empleo ha admitido ante la Defensora del Pueblo que en 2015 dejó sin gastar 240 millones de euros correspondientes a Formación, según adelantó este diario. Esta respuesta llegó como resultado de la reclamación iniciada por la patronal catalana Cecot.
La contestación salió del Ministerio a comienzos de diciembre. Pero Cecot y otras organizaciones sociales que se han adherido a la reclamación de la asociación catalana (el sindicato CC OO, la patronal gallega de nuevas tecnologías, Agestic, y la Federación Empresarial Cacereña) todavía no la conocen. Así que en los últimos días han remitido un escrito a la Defensora en que reclaman “la contestación íntegra presentada por el Ministerio de Empleo”.
Aunque la sentencia es recurrible ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, el dictamen abre la puerta a que Cataluña y Andalucía también impugnen esta adjudicación. La primera siempre se ha opuesto a los planes de Empleo por una cuestión de competencias en medio del órdago nacionalista. La segunda región argumenta, además, que existe “una alta carga ideológica” en los planes del Ministerio.
Según apuntan fuentes de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo del PP está reduciendo los fondos que destina a la modernización de los servicios públicos para trasladarlos a la iniciativa privada. “En 2016 solo dedicaron 12 millones a mejorar las oficinas de empleo en Andalucía. En total, para el conjunto del Estado únicamente se destinaron 50 millones, casi el mismo presupuesto que se ha usado para estos lotes contratados con empresas privadas”, afirman.
Aconsejado por su gabinete jurídico, el gobierno andaluz había esperado a que se materializasen las acciones de recolocación para tratar de impugnarlas. Pero ahora esta sentencia dará alas a sus pretensiones. Y no serán las únicas que se muestren beligerantes.
País Vasco, Cataluña y Andalucía ya habían rehusado suscribir el acuerdo marco que permitía el uso de agencias privadas. Pero en estos momentos otras comunidades están valorando este dictamen y sus consecuencias. Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón habían firmado dicho acuerdo en 2013, cuando todavía tenían ejecutivos del PP. Pero el cambio de gobierno en estas autonomías ha provocado que renuncien a este compromiso.
Por ejemplo, fuentes de la comunidad valenciana trasladan que están estudiando el alcance de esta sentencia. Se quejan de que el Gobierno central está ya trabajando con las agencias privadas en su región sin coordinarse ni informar al gobierno autonómico. Y podrían aprovechar el dictamen para frenar las acciones del Ministerio de Empleo. En Castilla-La Mancha, sostienen que esta sentencia confirma que el servicio central de empleo nunca debió meterse a contratar directamente y están analizando cómo actuar en torno a esta sentencia.
En definitiva, el plan de Empleo para desarrollar la colocación público-privada se está frenando por la estructura competencial y las pugnas partidistas. Entre 2013 y 2015, el sistema ya se empantanó porque inicialmente ganaron el primer concurso un grupo de empresas pequeñas en principio poco capacitadas, lo que provocó el boicot de las grandes.
El Ministerio defiende que se trata de un sistema implantado con éxito en todos los países de la OCDE salvo España. Y subraya que los resultados obtenidos hasta ahora se antojan muy esperanzadores, con una tasa de recolocación del entorno del 10%, que casi triplica la habitual de los servicios públicos de empleo autonómicos. Además, insiste en que, según el artículo 13 de la Ley de Empleo, la competencia radica en los servicios centrales cuando las acciones son de ámbito estatal y afectan a la movilidad geográfica. Así que se aferrarán a esta línea para recurrir ante la Audiencia Nacional, normalmente más sensible a sus argumentaciones.