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La demanda de Iberdrola abre la puerta a más reclamaciones contra Bankia



Iberdrola ha interpuesto una demanda en un juzgado de primera instancia de Madrid contra Bankia por las pérdidas derivadas de su inversión en la salida a Bolsa de la entidad, en julio de 2011. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha pedido compensaciones por valor de 12,4 millones, lo que perdió con la venta de las acciones del banco público.
Iberdrola ha reacciona ante la sentencia del Supremo que indicaba que en el folleto de salida a Bolsa había información incorrecta. Esta demanda podría acelerar la presentación de nuevas reclamaciones de grandes inversores que también perdieron dinero con las acciones de Bankia, según Jordi Ruiz de Villa, socio del despacho Jausas. Esta firma de abogados ha presentando ante los juzgados de Madrid demandas de dos empresas cotizadas y una Sicav (sociedad de inversión de capital variable) por valor de cinco millones, que es la cantidad perdida.
Al igual que la demanda de Iberdrola, todavía pueden pasar hasta dos meses para que se sepa si la demanda se admite a trámite. Estos cálculos nos situarían en finales de julio o principios de septiembre, ya que agosto no es hábil para los juzgados. Si el proceso acaba dando la razón a los institucionales, Ruiz de Villa cree que el resto de empresas demandará a Bankia. "De lo contrario podrían ser acusados de dejación de responsabilidades ante sus accionistas", afirma. Otras empresas que perdieron dinero con Bankia afirmaron que estarán pendientes de lo que ocurra en los juzgados para tomar una decisión definitiva sobre el caso.
Este abogado cree que la sentencia del Supremo, que daba la razón a la reclamación de los pequeños, no acaba con las demandas de los grandes "porque se argumenta falsedad en el folleto, y no error de consentimiento, como hicieron los particulares. Creemos que el informe de los peritos deja claro que los datos del folleto no eran correctos. Nadie puede decir que un institucional puede conocer más datos de los del folleto porque eso es un delito de información privilegiada", concluye.
Las empresas e instituciones compraron acciones por valor de 1.237 millones, aunque las pérdidas pueden suponer solo varios cientos de millones.