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Bruselas ampliará el Plan Juncker más allá de 2018 y fuera de la UE



La Comisión Europea quiere dar un nuevo impulso al Plan Juncker, que aspira a movilizar inversiones por más de 300.000 millones hasta mediados de 2018. Bruselas anunciará hoy que el proyecto se ampliará en al menos dos años adicionales, y aspira a convertirlo en algo permanente. El brazo ejecutivo de la UE buscará también financiar inversiones fuera de Europa, en zonas de conflicto y con proyectos relacionados con la inmigración. El plan ha movilizado 100.000 millones en 26 países en su primer año, en línea con lo previsto, aunque con una concentración excesiva en países como Francia e Italia.
La economía europea no termina de arrancar. El PIB ha tardado ocho largos años en recuperar los niveles precrisis, lastrado por una deuda enorme y una inflación que no despega y es el síntoma más evidente de una enfermedad económica nada fácil de curar. Y las recetas de política económica no funcionan: el BCE lleva más de un año con un programa multimillonario de compras de activos, pero Mario Draghi y los suyos piden desesperadamente inversión pública para complementarlo. Alemania no está por la labor; los demás no pueden. Solo Bruselas ha intentado movilizar recursos, con un plan de inversiones que parece la multiplicación de los panes y los peces: con unos 20.000 millones de fondos y garantías públicas pretende levantar más de 300.000 millones de inversión total en tres años, a través de proyectos rentables que atraigan al sector privado. El plan se estrenó hace un año en medio de grandes suspicacias. Bruselas, pese a las críticas, subraya que va en la línea prevista: en su primer año ha movilizado 100.000 millones en 250 proyectos de 26 países.
La Comisión subraya los “primeros signos” de recuperación de la inversión, que tras hundirse en los años de plomo de la Gran Recesión “continuará recuperándose gradualmente en 2016 y 2017, aunque sigue en niveles históricamente bajos”, según un informe que será presentado hoy y al que ha tenido acceso este diario. “El plan no es una bala de plata”, “no puede producir resultados inmediatos”. Aun así, el brazo ejecutivo de la UE subraya los progresos conseguidos en áreas como la energía, el medio ambiente o las infraestructuras.
Bruselas no se ahorra la autocrítica: admite que hay una concentración excesiva en algunos países —básicamente, Francia e Italia—, en unos pocos sectores, y en pymes, más fáciles de movilizar. El primer año se ha beneficiado, además, de la puesta en marcha de inversiones que ya estaban en sus primeras fases de estudio. Pero Juncker no quiere quedarse ahí: el jefe de la Comisión presentará en otoño una propuesta legislativa para ampliar el plan más allá del horizonte temporal previsto (mediados de 2018). Según las fuentes consultadas, la idea es extenderlo al menos dos años más, con una potencia de fuego equivalente. Y buscar algo más ambicioso, incluso permanente, una vez se negocien los próximos presupuestos de la UE.
“A la vista de los resultados, el Fondo [Juncker] se reforzará y continuará más allá de los tres años previstos”, según la evaluación de Bruselas, que insiste en el rol de ese proyecto “destinado a solucionar fallos de mercado y movilizar financiación privada en inversiones cruciales para crear empleo, crecimiento y elevar la competitividad”. Juncker pretende usar esa palanca incluso fuera de la UE: la regulación actual lo impide, pero Bruselas persigue incentivar las inversiones en la vecindad de Europa. Con un claro objetivo: países políticamente “frágiles” y áreas “posconflicto”, para aprovechar ese vehículo en proyectos relacionados con la inmigración, una de las crisis mayores del continente.
Los datos muestran aún señales débiles de recuperación de las inversiones, muy lejos de los niveles históricos. La propia concepción del Plan Juncker limita sus ambiciones: persigue movilizar inversión privada, cuando instituciones como el BCE, el FMI y la OCDE hacen hincapié en la necesidad de que Europa refuerce su política fiscal y con ella la inversión pública. “Pero el primer año confirma que el vehículo es útil, y se ha ganado el derecho a formar parte de la caja de herramientas permanente de la Unión”, aseguran fuentes comunitarias. El informe de Bruselas demuestra que la cobertura geográfica y sectorial está demasiado concentrada. Pero a la vez, el plan ha permitido desatascar —al menos en parte— el Banco Europeo de Inversiones, que ha pasado a invertir 4.000 millones en proyectos de alto riesgo a “más de 20.000 millones anuales”, según el citado estudio.
Reinversión
Juncker se reserva para su próximo discurso sobre el estado de la Unión, allá por el mes de septiembre, los detalles de la ampliación del plan, que tendrá que debatir con la Eurocámara y el Consejo Europeo. Pero su equipo ya apunta por dónde van los tiros. Por un lado, se reinvertirá el dinero de las garantías que salen del presupuesto europeo. Por otro, se modificará la estructura del plan: habrá más fondos para pymes —los que mejor han funcionado hasta ahora— y menos en infraestructuras, que está costando más activar. Y Bruselas flexibilizará el uso de fondos estructurales, para hacer más fácil esa opción y permitir más proyectos en los países que más los necesitan.
La Comisión ya patrocinó un cambio en las reglas de inversión de las aseguradoras para facilitar que entren en proyectos del Plan Juncker: el próximo paso será flexibilizar también las reglas para los bancos, cuyas inversiones en infraestructuras consumirán menos capital.
“Ese plan lleva el apellido Juncker para que sea fácil señalar culpables si fracasa, pero de momento no ha fracasado”, señaló el jefe de la Comisión el lunes en Luxemburgo. Bruselas pretende ahora dotarlo de mayor ambición y convencer tanto al sector privado, que de momento está respondiendo, como a los Estados miembros, que por ahora le han dado un apoyo tangencial. Las casas de análisis —Bruegel, Instituto Delors, OCDE— han sido críticas con el proyecto. Piden algo más. Quizá ese empuje adicional llegue en otoño, si Europa se convence de veras de que para salir de la crisis es imprescindible activar la inversión pública.